El licenciado Gustavo Ontiveros cuestionó el proceso y aseguró que, lejos de generar beneficios para la población local, profundizó los conflictos territoriales, la pobreza y la especulación sobre las tierras. Además, vinculó la imputación del exprocurador Sergio Lello Sánchez con una estructura judicial que, según sostuvo, fue utilizada para criminalizar a comunidades indígenas.