La crisis energética que dejó a miles de jujeños sin suministro eléctrico expuso mucho más que las falencias operativas de EJESA. También puso en evidencia el cambio de postura del Gobierno provincial, que pasó de avalar incumplimientos en el plan de inversiones de la distribuidora a cuestionar públicamente su falta de previsión. La emergencia abrió interrogantes sobre el rol de los organismos de control y la responsabilidad política detrás de un sistema que mostró claros signos de agotamiento.