El gobierno de Lula argumentó que la normativa que regiría desde 2025, podría perjudicar a sus sectores exportadores y cuestionó su impacto sobre las leyes nacionales y la soberanía.
Este jueves, Brasil solicitó a la Unión Europea (UE) que retrase la entrada en vigor de la Ley de Deforestación (EUDR), prevista para el 2025.
En una carta entregada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, durante una reunión en Brasil, expresó la preocupación del gobierno brasileño y de varios sectores exportadores por el impacto potencial de esta legislación.
La carta argumenta que la EUDR, diseñada para sancionar la importación de productos asociados con la deforestación, podría tener consecuencias negativas para la economía brasileña.
Las autoridades brasileñas calificaron la ley como un “instrumento unilateral y punitivo” que no toma en cuenta las leyes nacionales existentes para la protección del medio ambiente y que incluye aspectos extraterritoriales que, según ellos, contravienen el principio de soberanía nacional.
El gobierno brasileño pidió a la UE que “reevalúe de manera urgente” su enfoque y posponga la implementación de la ley para evitar perjuicios significativos en sus sectores exportadores y en la economía en general.
La solicitud destaca la tensión entre las regulaciones ambientales globales y las políticas nacionales en el contexto de comercio internacional.
La carta, firmada por Fávaro y el titular de Relaciones Exteriores Mauro Vieira, solicita el aplazamiento de la EUDR.
Esta legislación, promulgada en 2023, prohibirá la comercialización en la UE de productos como cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne bovina, caucho, cuero, muebles y papel si provienen de tierras deforestadas después de diciembre de 2020.
El pedido de Brasil sigue al de Argentina y busca mitigar el impacto potencial en los sectores exportadores del país sudamericano.
La EUDR requerirá que las empresas importadoras demuestren la trazabilidad de estos productos mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores y corroborados con imágenes de satélite.
Esta medida pretende asegurar que los productos no procedan de áreas deforestadas, pero generó preocupación entre varios países y sectores que temen por sus exportaciones y la viabilidad de cumplir con los requisitos.
En junio, Estados Unidos también solicitó a la UE el retraso en la implementación de la ley, y en septiembre de 2023, un grupo de 17 países, que incluye 11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos, advirtió sobre las repercusiones negativas de la normativa.
Estos países sostienen que la ley podría tener efectos adversos significativos en sus economías y en sus cadenas de suministro.
La Comisión Europea (CE) respondió que está “trabajando intensamente en la implementación” de la EUDR, pero un aplazamiento requeriría una nueva iniciativa legislativa.
Esta propuesta tendría que ser elaborada por el nuevo equipo de la CE, que se presentará en la próxima semana, dejando en espera la decisión final sobre el futuro de la normativa y su impacto global.
