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Caso Caspalá: "El gobierno provincial ha ejercido terrorismo de estado contra las familias"

El antropólogo y docente, Gustavo Ontiveros, advirtió el constante avasallamiento que ejerce el Estado provincial en contra de los derechos de las comunidades aborígenes en pos del avance de proyectos mineros, inmobiliarios y parques solares.

  • Bajo una forma sistemática, el Estado provincial avanza sobre el territorio de las comunidades aborígenes, con el objeto de impulsar proyectos mineros y de diversa índole.
  • La comunidad de Collamboy denunció al gobierno y a la empresa Loma Blanca por contaminación en sus tierras y por autorizar a otras empresas a realizar nuevas exploraciones.
  • El caso de Caspalá es otro claro ejemplo del avasallamiento a los derechos indígenas.

Sobradas muestras del avasallamiento a las comunidades aborígenes ha dado el Estado provincial ante el intento del desembarco de proyectos de explotación minera, inmobiliarios, u otros similares. Caspalá, la comunidad de Coranzulí, las familias de barrio estación Tilcara, son solo algunas de las que se vieron afectadas por la intervención del Gobierno provincial.

Gustavo Ontiveros, antropólogo y docente, quien además acompaña a las comunidades en la lucha por sus derechos, describió las situaciones que viven frente al poder político.

Embed - SOBREMESA 27-11-24Gustavo Ontiveros, Antropólogo

En principio se refirió a la situación que atraviesa actualmente la comunidad de Collamboy con distrito en Coranzulí donde dijo hay problemas con la minera Loma Blanca y con el estado provincial. “Uno de los problemas es la contaminación y otro es el avance no solo de esta empresa con la anuencia del estado sino también la entrega de premisos a otras mineras para la exploración minera en el mismo territorio. Esto ha obligado a las comunidades a trasladarse hasta la capital para hacer una denuncia pública y a la vez a solicitarle al Gobierno de la provincia que se abstengan de entregar nuevas tierras a empresas minera y que se tomen las medidas para evitar que continúen la contaminación”.

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Respecto a las denuncias de contaminación que advierte la comunidad de Collamboy, Ontiveros detalló que “se está contaminando el rio Grande y todo el territorio ya que en el lugar se generan nubes de polvo contaminado que emanan de la empresa minera que provoca malos olores y numerosas consecuencias negativas en la salud de las personas que residen allí como así también de los animales”.

Advirtió que pese a las denuncias nunca se realizó un estudio de impacto ambiental serio ni se resolvió el problema de la contaminación. “El gobierno de Morales fue muy violento hacia las comunidades e incluso generó la división del distrito de Coranzulí, es por eso que ahora hay dos comunidades la de Collamboy y la de Coranzulí”.

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Un método sistemático

Denunció que estas situaciones de amedrentamiento a las comunidades originarias suceden de forma sistemática en distintos puntos de la provincia. “Esta división de las comunidades sucedió en Piedra Negra, en los valles de Tilcara, la intención es dividir para introducir proyectos mineros, parques solares, zonas francas, siempre mediando la violencia”.

“Tenemos el caso de la comunidad de Caspalá, donde el Estado provincial ha ejercido una especie de terrorismo de estado contra las familias y eso va a provocar consecuencias actuales y a futuro. En Caspalá hubo un enfrentamiento directo, pero no hay relación entre el poder que tiene el Estado y la defensa del territorio que puedan hacer las comunidades”.

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Ontiveros remarcó la riqueza arqueológica que posee la provincia de Jujuy y el daño que se hace a ese patrimonio con estas intervenciones. “Jujuy es una provincia riquísima en restos arqueológicos; cada comunidad tiene sus antigales, la ocupación antigua es milenaria y las comunidades descienden de aquellos primeros ocupantes de las tierras. Tenemos un patrimonio histórico y prehispánico muy rico que, en vez de destruirse, debería preservarse y hasta podría potenciarse turísticamente”.

Consideró que este avasallamiento que hace el Gobierno sobre las comunidades no solo las afecta a ellas, sino también al resto de los emprendimientos y proyectos turísticos que buscan desarrollarse. “Sucede con el caso del tren eléctrico que solo trajo despojos a las familias que residían en la zona de las estaciones como la de Tilcara” indicó.

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Fallos judiciales discriminatorios y racistas

Finalmente denunció la falta de independencia de la Justicia Provincial, la cual advirtió no contempla en nada a las comunidades originarias. “Todos los fallos que se resuelven son en contra de las comunidades, son fallos discriminatorios, arbitrarios y racistas”.

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