Hacia fines de 2022 el Gobierno provincial decidió construir una escuela en un terreno que era de la comunidad kolla de Caspalá, a pesar de que había otro lote previamente destinado para ese fin. El terreno sobre el cual se pretendía construir la escuela era una cancha de fútbol que funcionaba como espacio común del pueblo por lo que los pobladores se oponían al inicio de obras; pero para convencer a la comunidad el ejecutivo propuso reponer la cancha en otro espacio de propiedad del productor Pablo Cruz.
Pese a la negativa de la comunidad, el plan se ejecutó. Para ello se avanzó con la expropiación de tierras de los lugareños muchos de ellos denunciados por usurpación pese a pertenecer a una comunidad aborigen con personería jurídica, con posesión legitima de esas tierras; hubo persecución, hostigamiento, avasallamientos y la directa intervención de las fuerzas de seguridad que atacaron a los pobladores con golpes, gases lacrimógenos y con múltiples detenciones arbitrarias.
Aquel poblado de los valles de altura que hacía solo meses había sido distinguido como uno de los mejores del planeta por la Organización Mundial del Turismo, era arrasado por el propio Gobierno provincial.
El hallazgo de piezas arqueológicas
Los lugareños presentaron todo tipo de denuncias por amenazas y extorsión, pero las mismas fueron desoídas y el Ejecutivo avanzó con obras para la construcción en primera instancia de una cancha deportiva y luego de la escuela.
No tardaron en ingresar máquinas para comenzar los trabajos y la remoción de las tierras. Los pobladores advirtieron sobre la presencia de antigales en la zona, sitios de restos arqueológicos que se conservan en el suelo y que son parte del patrimonio cultural, por lo que insistían en frenar las obras.
Pese a las advertencias no cesaron las tareas y en las excavaciones se produjo el hallazgo de piezas arqueológicas lo que potenció aún más el malestar de la comunidad.
El hecho ocurrió a comienzos del 2023 y sirvió para poner un freno momentáneo al avasallamiento.
Lo que para el Gobierno había sido un “descubrimiento” para los lugareños no era más que la destrucción del patrimonio y un irrespetuoso agravio a su cultura ancestral.
La situación, de extrema gravedad, fue denunciada por Silvana Llanes, abogada de los referentes originarios, ante el foro federal directamente contra Gerardo Morales por “robo, usurpación y abuso de autoridad”.
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Tras una inspección ocular, la Justicia federal ordenó el cese de obras. Sin embargo, se hizo caso omiso y al tiempo se retomaron las tareas.
La lucha de los lugareños
Desde el primer momento la comunidad aborigen de la localidad de Caspalá ejerció una férrea defensa de su territorio. No se oponían a la construcción de la escuela, sino a que se lo haga en un espacio de la comunidad como es la cancha de fútbol de la localidad.
Ante la violencia y el constante hostigamiento de parte de las autoridades provinciales y del propio jefe comunal, Natividad Apaza, en varias oportunidades se trasladaron hasta la capital para intentar dialogar con funcionarios o referentes de la Justicia para finalizar el conflicto.
Paralelamente, con el patrocinio de letradas, se avanzó con denuncias ante la justicia federal, esperando una intervención ante el avasallamiento de múltiples derechos.
En los reclamos por sus tierras denunciaron persecución policial y el particular destrato de autoridades como el de la entonces ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, quien no tomó intervención en el caso e incluso se mostró en contra de la comunidad.
Otra de las medidas que tomaron fue acampar para impedir el avance de las obras por lo que recibieron multas contravencionales.
La Justicia ordenó dar marcha atrás
Tras dos años de un conflicto que parecía no tener fin, la Justicia Federal ordenó al gobierno jujeño devolver las tierras expropiadas en Caspalá.
La denuncia que realizó en su momento la comunidad en contra de Gerardo Morales por usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional, y asociación ilícita, prosperó y alcanzó un fallo favorable para los residentes del pueblo asentado en Valle Grande.
Es así que, por orden de la jueza federal Carina Gegoraschuk, en un plazo de 30 días el estado provincial deberá reparar la cancha ancestral de la comunidad y las tierras expropiadas a Pablo Cruz.
La decisión fue celebrada por Silvana Llanes, abogada de la comunidad, quien destacó el trabajo de la Fiscalía Federal que logró acreditar todo el daño causado a una población ancestral.
Destacó que la investigación continuará, aunque dijo que esto “es un gran paso; nos da gana de seguir trabajando y creer en la Justicia”.
