- Durante la última audiencia virtual, los seis funcionarios públicos conocieron los motivos de imputación.
- Inicia una nueva etapa de investigación penal preparatoria.
- En paralelo se espera que el gobierno inicie las obras de reparación en los predios afectados.
Inicia la investigación penal en la causa por atropellos contra la comunidad de Caspalá
Los funcionarios involucrados conocieron causa de imputación y algunos obtuvieron el permiso para salir del país durante la última audiencia virtual. La etapa IPP tendrá una duración de 45 días, plazo en el que las abogadas que representantes a los vecinos damnificados controlarán las pruebas, incluso ampliándolas y eventualmente sumar nuevos imputados.
La abogada Alejandra Cejas, una de las representantes legales de la comunidad Kolla de Caspalá, brindó detalles en Radio 2 sobre la reciente audiencia judicial desarrollada el lunes 23/12 relacionada con las imputaciones por los abusos gubernamentales en la recóndita localidad jujeña que pertenece al departamento Valle Grande.
El caso, que se desprende de la controvertida construcción de una escuela en terrenos de alto valor cultural, deportivo y espiritual para la comunidad, ha dado un nuevo paso con el inicio de la investigación penal preparatoria, que se extenderá hasta el 25 de abril de 2025.
“Fue una audiencia compleja pero completa, donde se hicieron diversos planteos y se expusieron los motivos de la imputación a cada uno de los sindicados, incluyendo una declaración espontánea de uno de ellos”, expresó Cejas. Esta etapa inicial permitirá avanzar con el análisis del material probatorio y podría ampliarse la cantidad de imputados, según indicó la abogada.
Todos los involucrados son funcionarios designados por el ex gobernador Gerardo Morales, a quien consideran el ideólogo del conflicto, independientemente de que haya esquivado hasta esta etapa la imputación.
Cejas destacó que, pese a la gravedad de las acusaciones, el juzgado autorizó viajes al exterior a algunos imputados, argumentando que es una etapa inicial del proceso y que el control se ejercerá a través de notificaciones laborales en los lugares donde trabajan los involucrados, todos empleados públicos.
“No compartimos esa decisión. Nos parece insólito que, tratándose de una causa de corrupción y de personas con poder y recursos, se les otorgue una libertad que podría facilitar fugas o entorpecimientos. Es una falta de respeto a las víctimas y al proceso judicial”, afirmó la recordando que hay una ex ministra de Educación involucrada, al igual que el ex comisionado municipal Natividad Apaza, además de funcionarios de menor jerarquía dentro del aparato estatal.
Según relato la abogada la comunidad Kolla exige que el proceso avance con rapidez y eficiencia. “Es lo que piden nuestros clientes, quienes han vivido momentos extremadamente difíciles: apremios policiales, balazos, gas lacrimógeno, destrucción de su patrimonio, persecuciones e imputaciones arbitrarias”, no obstante, aún con miedo latente, sus clientes celebraron este segundo gran paso en búsqueda de justicia.
El primer reconocimiento formal fue la homologación de un convenio que obliga al gobierno provincial a restituir los terrenos destruidos, incluyendo la cancha ancestral y los antigales de gran valor arqueológico. Sin embargo, las obras aún no han comenzado.