- El gremio determinó que se debe garantizar un proceso administrativo o iniciar un sumario. Para luego determinar la responsabilidad penal.
- "Determinar la situación le correspondería a la fiscalía de investigación a través del Ministerio Público de la Acusación", expresó Lorena Mamani asesora legal del gremio.
- El Ministerio de Educación, toma conocimiento y retrocede para garantizar la situación que debe brindar a los docentes.
Certificados falsos: CEDEMS tildó la situación de ilegal, ilegítimo e injusto
Por este tema, más de 300 docentes estarían afectados.
Lorena Mamani, asesora legal del gremio CEDEMS, se refirió a los casos de títulos docentes apócrifos y la polémica que ha generado este tema.
“Este tema surgió en el ámbito del Ministerio de Educación, a raíz de una resolución que se expidió las últimas semanas de enero, mediante la cual lo que se intentaba era informar a todos los trabajadores de la docencia acerca de la existencia de documentación que acreditarían títulos o capacitaciones apócrifas. Pero en un primer momento lo que se ha intentado, a raíz de esta resolución por parte de ministerio es excluir del LUOM (Listado Único de Orden de Mérito), en virtud de la existencia de estos certificados apócrifos el cual se los habría esta adjudicando a una nómina de docentes. Esto nos preocupó muchísimo porque si bien no podemos claramente acreditar la existencia de expedición y adquisición de estos títulos, cuestionados por el ministerio, lo que si debemos plantear por parte del CEDEMS es que era absolutamente ilegal, ilegitimo e injusto, proceder a esta inclusión sin generar pasos administrativos y atravesar un proceso penal para determinar la responsabilidad penal acerca de estas situaciones, porque se hablaba de delitos y demás, sin garantizar de que el docente puede ejercer su derecho”.
Además agregó: “imagínate que esa instancia acerca de la verificación y validación de títulos los elija el ministerio. Entonces al realizarlo el ministerio ser toma la atribución de determinar cuál es apócrifo, cuál es irregular o cuál no es verdadero, cuando esa facultad no les compete. Eso le correspondería a la fiscalía de investigación a través del Ministerio Público de la Acusación y que realicen las denuncias correspondientes”.
Al ser consultada por si ya alguna denuncia, indicó: “tenemos entendido que querían determinar en un primer momento de que los docentes queden excluidos sin garantizar un proceso administrativo, agotar un procedimiento administrativo ante un cuestionamiento, iniciar un sumario, etc. Para luego posterior determinar la responsabilidad penal. Estás instancias no se agotaron ni se garantizaron al docente. Estas situaciones de irregularidad no se pueden avalar porque generan desigualdad de condiciones. Aquel docente que adquirió con su tiempo, dinero, estudiando otros títulos que otros docentes por determinadas cuestiones no lo pudieron hacer, no se encuentran en una situación de igualdad. Entonces frente a esa situación, aparece después de aparentemente mucho tiempo el ministerio para tomar una decisión política para investigar la situación, pero, lo que ocurre en un primer momento es que habría existido la intención de dejar fuera de sistema a los de abajo, cuando hay mayores responsabilidades y hay otras personas involucradas. ¿Quiénes son los que expedían estos títulos?, ¿en condiciones de qué los expedían?, ¿Cómo se generó esta trama o ‘negocios’ dentro de la falsificación de documentación?, ese es el punto importante, porque ir por lo más delgado es lo más fácil en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia”.
¿Docentes afectados?
Por este tema, más de 300 docentes estarían afectados, “nosotros vamos a plantear que esta situación se tiene que regularizar investigando a fondo para saber que ocurrió. Incluso en esa resolución primera, que luego revierte parcialmente el ministerio, hacía alusión a carnets sanitarios, constancias, antecedentes penales, que contaban con algunas irregularidades, es decir que estaríamos frente a una situación grave. En el sentido de ¿Qué es lo que esta ocurriendo detrás de la emisión de la documentación que debería ser expedida por autoridades pertinentes, con la claridad, certificación y legitimidad de las autoridades que expiden estos certificados”.