El año pasado se conocía un reclamo de comunidades originarias jujeñas por proyectos inconsultos, por lo que iniciaron acciones legales en fuero penal, tras la aprobación de un proyecto de exploración minero que no contempló los intereses de la mayoría de los pobladores.
Otro fallo a favor de las comunidades: deben brindarle información pública ambiental
Luego del reconocimiento de derechos del Banco Mundial a las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, la Corte Suprema de Jujuy hizo lugar a un amparo presentado para que estos pueblos indígenas accedan a la información completa sobre los proyectos de exploración de litio.
El 24 de febrero de este 2025, el Banco Mundial reconoció sus derechos y comunicó a los pueblos de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc la suspensión de los estudios que las provincias de Salta y Jujuy buscaban realizar en el territorio de estas comunidades sin su consulta ni consentimiento previo. Dicha entidad, tras recibir una carta de parte de las comunidades, a través de la cual manifestaban sus preocupaciones y alertaban sobre la situación de conflicto y los numerosos reclamos aún pendientes de respuesta, decidió suspender los estudios hasta que se respeten los estándares internacionales de derechos indígenas. En especial, el derecho a una consulta previa, libre e informada.
Mientras siguen esperando el llamado del gobierno tras esta resolución, las comunidades recibieron otra noticia a su favor.
El 7 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y reconoció su derecho a acceder a la información ambiental sobre los pedimentos mineros de litio y borato existentes en dicha cuenca.
En su fallo, la Corte provincial dejó en claro que el derecho de acceso a la información pública ambiental es un derecho humano, protegido por la Constitución y tratados internacionales. En este sentido, rechazó los argumentos presentados por la Provincia de Jujuy, que pretendía escudarse en una ley local para negar la información. La Corte fue contundente al señalar que, ante cualquier duda, debe prevalecer la interpretación que garantice en mayor medida el derecho a la información; y destacó que la provincia no puede establecer procesos locales que obstaculicen el ejercicio de este derecho, sino que debe garantizar el acceso a la información de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, en línea con los presupuestos mínimos establecidos en la legislación nacional y los preceptos del Acuerdo de Escazú, tal como fue reclamado por FARN y las comunidades de la cuenca.
María Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN dialogó con Radio 2 para explicar la situación y el fallo que recibieron.
“Lo que está ocurriendo en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc es que desde hace 15 años se está buscando explorar litio, algo tan buscado pero el problema es de qué manera se hace. En este caso las empresas, con apoyo de los gobiernos, pasan por encima de las comunidades indígenas porque no se les da participación, no se les da información y no se les consulta siquiera cuando tienen el derecho sobre los territorios por leyes nacionales y convenios internacionales.
En este contexto de falta de transparencia es que en el año 2022 las comunidades con nuestra organización presentamos primeros pedidos de información y los procesos de participación y consulta, los impactos evaluados pero esta información no se brindó y nos dijeron que debíamos ir a otro organismo cuando era competencia de la Secretaría de Minería, dilatando la entrega de información y finalmente entregaron información incompleta por lo que debimos presentar acciones legales con un recurso de amparo.
La jueza dijo tienen derecho las comunidades a conocer esta información, la provincia siguió sin entregarla o dándola de forma incompleta por eso la Corte vuelve a decir que brinden la información completa. Todavía no hemos recibido un contacto del gobierno para brindar esta información, seguimos buscando e insistiendo en que se cumplan los procesos de evaluación ambiental adecuado, que es lo más importante de todo esto”, relató.