El proyecto “Igualdad ante la ley” podría poner en contradicción a varios legisladores. Aunque en distintos sectores se entiende que el Ejecutivo buscará medir “lealtades y alineamientos políticos”, reconocen que en el Congreso hay diputados y senadores que, en su momento, avalaron estas leyes. Si hoy acompañan al Gobierno, estarían demostrando fidelidad política, lo que los incorporaría con mayor fuerza al proyecto libertario, más allá de alcanzar o no las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa de igualdad ante la ley.
Más sectores de la oposición rechazan el proyecto para derogar el femicidio y la Ley Micaela
El Ejecutivo enviará al Congreso “Igualdad ante la ley”. Quiere discutirlo tras la inauguración del período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.
Otros consideran que los anuncios del presidente Milei son como “bombas de humo” destinadas a provocar un efecto contrario: generar escándalo para después, no concretar nada.
El jefe de Estado, durante su discurso de este jueves en el Foro de Davos en Suiza, criticó a la ideología woke (entendida como una alerta ante injusticias sociales). La definió como “el cáncer que hay que extirpar”, y la vinculó con el feminismo, la inmigración, el ambientalismo y la ideología de género.
Entre las leyes que se busca modificar o derogar con el proyecto, están: la anulación de la figura de femicidio del Código Penal, la Ley Micaela, los cupos laborales en el Estado Nacional para personas trans y con discapacidad, y el DNI no binario. El Ejecutivo propone quitar todas las normativas que “contemplen discriminación positiva sobre las minorías”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó en redes sociales: “Vamos a eliminar la figura del femicidio porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”.
Por su parte, el diputado Esteban Paulón expresó a TN su oposición al proyecto. “Luego del discurso del presidente en el Foro de Davos, que puso en tela de juicio muchos derechos conquistados y el marco legal argentino en materia de diversidad, feminismo y derechos humanos, era lógico que eso se plasmara en un proyecto de ley que van a presentar entre febrero y marzo. Nuestra posición es negativa. No hay condiciones para que este proyecto se apruebe“, anticipó.
“Muchos legisladores que apoyaron a Milei desde la oposición dialoguista u otros espacios, votaron y promovieron esos proyectos -advirtió Paulón-. Así que entiendo que hay una mayoría sólida en el Congreso para sostenerlos, salvo que en su momento no los hayan apoyado por convicción, sino por conveniencia política. Y ahora, para obtener un lugar en alguna lista, finalmente resignen sus principios y terminen votando con el Gobierno. Objetivamente, no le veo posibilidades. Creo que habrá un límite, un cordón sanitario democrático en el Congreso, para que esta propuesta no sea aprobada”.
En la red social X, Paulón agregó: “Hay que generar un cordón democrático. Quienes creemos en la democracia y el Estado de derecho no podemos permitir este atropello. Este proyecto será un verdadero principio de revelación sobre la verdadera convicción de muchxs. Sostener valores o claudicar por un lugar en las listas de LLA”. Además, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei.
En tanto, el diputado del PRO Damián Arabia manifestó: “Creo en la igualdad ante la ley. Milité el matrimonio igualitario para que todos nos pudiéramos casar, no para tener privilegios frente a otros. Yo quiero poder casarme igual que cualquier heterosexual, no quiero el privilegio de entrar en una lista por un cupo especial”.
Desde la bancada de Unión por la Patria (UxP), la diputada Paula Penacca anunció: “Vamos a presentar una denuncia penal contra las declaraciones del presidente Javier Milei, que son de una enorme gravedad y peligrosidad porque incitan y convocan a la violencia. Eso no se puede dejar pasar. Son muy peligrosas porque no debemos olvidarnos de que están en boca del Presidente, la máxima autoridad institucional de nuestro país. Además, se viene construyendo un clima de violencia, y estos dichos reafirman y convocan a la violencia”.
La senadora Nora del Valle Giménez (UxP) señaló: “No se pueden tolerar este tipo de expresiones y amenazas contra las mujeres. En la Argentina, una mujer es asesinada cada 36 horas por violencia machista. (En el Gobierno) desconocen las problemáticas de nuestro país y de sus habitantes”.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade publicó en sus redes sociales: “‘Batalla cultural’, le dicen... Los ‘zurdos’ no votaremos volver atrás con legítimas conquistas… Y que vengan a buscarnos. Estamos en el Congreso”.
El radicalismo, al menos un sector, mostró una postura crítica. El senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, expresó en redes sociales: “¿Cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura de femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género. En 2024 hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la mitad ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Tipificarlo como un delito específico no es un privilegio; es reconocer que esta violencia existe, visibilizarla y abordarla con medidas concretas para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país”.
Desde Diputados, Natalia Sarapura sostuvo: “El feminismo, al que (Javier) Milei acusa de ‘buscar privilegios’, no es un capricho ideológico; es una lucha respaldada por hechos y derechos consagrados, que pone en luz las desigualdades estructurales que buscamos disminuir. Decir que ‘la igualdad ya existe ante la ley’ es ignorar la violencia de género, el acoso y el hostigamiento que sufren a diario miles de mujeres y diversidades, las barreras para acceder a servicios esenciales como la salud y la exclusión de espacios de decisión”.
El senador radical Pablo Blanco sugirió: “Esperemos a que los proyectos lleguen al Congreso porque este Gobierno nos tiene acostumbrados a una serie de anuncios que después no se concretan. Analizaremos lo que se plantea, pero en principio, no estoy de acuerdo”.
En relación a este debate, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que encabeza Ricardo Gil Lavedra, sentó postura a través de un comunicado. “El estado democrático constituye el único sistema en el que es posible vivir en paz, respetando las ideas y las elecciones de vida de quienes habitan en este país, siempre que no causen daños a terceros, y establece la necesidad de que el orden jurídico proteja a los sectores más vulnerables que han sido tradicionalmente postergados, perseguidos y discriminados”.
El proyecto “Igualdad ante la ley” aún no fue girado al Congreso. Por ahora solo se conocen los anuncios del presidente y el trabajo que están llevando a cabo en la Casa Rosada. Sin embargo, ya han generado una fuerte polémica política en el ámbito legislativo.