Diputada marcó las contradicciones de un gobierno que persiste en arancelar la salud

La implementación del Sistema Provincial de Salud (SEPROSA) en Jujuy ha suscitado polémicas desde su aprobación. A pesar de las garantías del gobierno de que la salud pública seguirá siendo gratuita, diversas modificaciones al proyecto original han generado preocupación entre la población y sectores de la sociedad civil. En notas previas se han detallado los cambios introducidos en los artículos clave de la ley, así como las críticas a la falta de transparencia y participación en el proceso legislativo. Estas preocupaciones se han intensificado con las recientes declaraciones contradictorias de funcionarios del gobierno, lo que ha llevado a un creciente escepticismo sobre el verdadero alcance y las implicaciones del SEPROSA.

Respecto del proceso legislativo que se desarrolló en ocho días desde que el proyecto ingresó por la mesa de entrada hasta la última sesión ordinaria del 2024 cuando fue aprobado, la diputada justicialista Patricia Armella criticó que el proyecto se aprobara sin un debate adecuado en comisiones, algo que ha producido confusión y contradicciones incluso en las declaraciones oficiales mientras se espera la reglamentación. El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, entidad que debería fungir como autoridad de aplicación del SEPROSA, parece desconocer detalles clave del proyecto, lo que Armella considera alarmante. Además, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, ha ofrecido explicaciones que, en palabras de Armella, "no reflejan lo que está escrito en la ley".

El gobernador Carlos Sadir, en un intento por calmar las aguas, declaró recientemente que "la salud pública en Jujuy se está reforzando como nunca, sigue siendo gratuita, y además está a disposición de todos". Sin embargo, Armella cuestiona esta afirmación, señalando que la letra de la ley no garantiza explícitamente la gratuidad de los servicios de salud. "Todo esto va a generar un movimiento y una burocracia que podría terminar afectando el acceso universal a la salud", advirtió la diputada.

Durante su entrevista en Radio 2 también expresó su preocupación sobre los costos asociados al SEPROSA, mencionando que del monto mensual de aproximadamente $50.000 no está claramente definido si es por grupo familiar o titular. Esta falta de claridad financiera se suma a la incertidumbre sobre quién manejará las cuentas del SEPROSA, si será finalmente el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguros o una terminará directamente en la caja única.

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El cuestionable proceso legislativo que dio vida a SEPROSA

La diputada lamentó que el proyecto no tuviera la firma de miembros clave de la comisión de Salud antes de su aprobación como los doctores Mario Fiad y Omar Gutiérrez, lo que impidió un análisis profundo y una discusión informada en el recinto. Y aunque ahora el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, ha tomado un rol más protagónico con las publicaciones en redes sociales, han sido varios los legisladores que lamentaron su ausencia en el breve lapso de trabajo en comisión, lo que complicó aún más el entendimiento de una ley sobre la que el único entendido parece ser el titular de la cartera.

La falta de consenso y de participación de los colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil en el proceso también ha sido un punto de reclamo. Armella indicó que estos actores fundamentales no tuvieron la oportunidad de aportar sus apreciaciones y sugerencias antes de la promulgación de la ley, lo que podría haber enriquecido el debate y fortalecido las garantías de acceso a la salud.