- Concejal niega que haya una desproporción entre el aumento salarial que recibieron el último bimestre y la pauta de los empleados públicos.
- El salario promedio de un legislador capitalino supera en 8 veces el haber mínimo de un trabajador municipal.
Concejal defiende los dietazos: "Nuestros salarios están atados a los empleados públicos"
A pesar del aumento salarial obtenido en el último bimestre, Leandro Giubergia se desentendió del asunto, señalando que la actualización depende de la intendencia y guarda proporción con los aumentos generales de los empleados públicos. El dietazo fue aproximadamente del 17% frente al 2% que recibieron los trabajadores del escalafón general.
La clase política no acusa recibo e ignora la opinión pública de los vecinos de San Salvador, quienes tras conocer la noticia de un aumento salarial desproporcionado que recibieron los concejales y de justificación dudosa dado su rendimiento anual, volcaron su frustración a través de las redes sociales.
Fue el radical Leandro Giubergia, quien llamativamente prefirió desentenderse e incluso incursionar en una serie de falacias, porque aún siendo que los incrementos salariales dependen del Ejecutivo municipal, los parámetros utilizados para ello no guardan correlato con la actualidad financiera capitalina y mucho menos el bolsillo del trabajador estatal promedio. “Es un tema en el que nada tenemos que ver, nosotros no decidimos los aumentos, es una cuestión propia del departamento Ejecutivo”, respondió ante la consulta.
Con absoluta convicción el edil negó que exista una desproporción entre la pauta salarial que reciben los trabajadores municipales o el grueso del escalafón general de la administración pública y los legisladores que trabajan en barrio Huaico, citando un “artículo en donde a todos los funcionarios municipales se les sube el sueldo junto con los empleados públicos”.
No obstante las cifras entre los segmentos de concejales, funcionarios de alto rango y empleados distan mucho de ser las mismas, siendo que los primeros tuvieron aumentos salariales superiores al 17% y 30% durante el último bimestre, muy por encima del 4% ofrecido al eslabón más débil del engranaje estatal.