- Carlos Sadir decidió vetar el SEPROSA que todavía estaba pendiente de reglamentación.
- En un comunicado de prensa aseguraron que la decisión fue tomada debido "a la desinformación, confusión y aprovechamiento político".
El gobernador Sadir vetó el Seguro Provincial de Salud
La Ley que establecía el arancelamiento de la atención médica en el subsistema público fue vetada de forma total, dejándola sin efecto. En un comunicado de presa, el gobierno provincial afirmó que “la medida fue adoptada en atención a la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político”.
El Seguro Provincial de Salud finalmente no entrará en vigencia, según informaron desde Prensa de Casa de Gobierno durante la tarde del miércoles, en momentos donde se aguardaba su próxima reglamentación.
Mediante un sucinto comunicado, se dieron una serie de argumentos, justificando la decisión del gobernador dada “la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma”. El gobierno jujeño de esta manera carga responsabilidades sobre sus detractores, en un intento por disminuir el costo que puede producir una medida antipopular.
La Ley N° 6.453 que creaba un “arancel solidario”, había sido promulgada días atrás en medio de cuestionamientos que escalaron a nivel nacional, dado que cambiaba los paradigmas de atención sanitaria pública, gratuita y universal tal como se ha caracterizado históricamente en el país, amparado por la Constitución Nacional.
Organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, profesionales de la salud y dirigentes opositores habían repudiado la medida por considerar que era una estrategia encubierta para privatizar el servicio sanitario en beneficio de intereses privados. Incluso se formó un Foro en Defensa de la Salud donde los referentes de la escena local debatieron acerca del perjuicio que implicaba la puesta en marcha de este nuevo modelo de cobertura médica.
Los puntos más repudiados se centraban en la población objetivo del SEPROSA, residentes jujeños sin cobertura, ya sea por Obra Social o prepaga y perciban más de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (aproximadamente $540.000) afectando a un gran segmento poblacional que estaría lejos de afrontar cuotas estimadas de $50.000 mensuales.
Aunque previa a su sanción se modificaron algunos artículos para disminuir las posibles repercusiones negativas, los fundamentos utilizados para respaldar la ley no resultaron consistentes. En teoría garantizaba el acceso a las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) que habían sufrido por el desfinanciamiento dispuesto por la administración del gobierno nacional.
No obstante no solo creaba un arancelamiento de un servicio históricamente exento de estos pagos, también estigmatizaba a otra buena porción de los jujeños en condiciones económicamente vulnerables, al invitarlos a certificar su pobreza, con el fin de quedar exentos del mencionado pago en caso de no percibir ingresos hogareños superiores a los dos SMVM.