- Los legisladores provinciales aprobaron el Seguro Provincial de Salud; la oposición reclamó ante la falta de información y tratamiento.
- Propone "un arancel solidario" a las personas sin cobertura médica a modo de financiar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.
Seguro Provincial de Salud: ¿Arancel solidario o nueva forma de financiar al ISJ?
El proyecto SEPROSA ha generado fuertes críticas desde diversos sectores por la falta de debido tratamiento en la Comisión de Salud e incompleta explicación sobre su alcance. Implicaría el cobro de entre $30.000 a $50.000 para que las personas sin cobertura médica se atiendan en el sub sistema público, al tiempo que financian el servicio de los ciudadanos económicamente vulnerables.
Nuevamente sobrevuela en la Legislatura y alrededores la idea de una estrategia oficial para privatizar la salud, sucesora del Plan Estratégico tan mentado durante la gestión de Gerardo Morales. Algunos actores de la oposición relacionan la reciente cesión de terrenos fiscales a un ignoto agente privado que construiría una clínica en Alto Comedero con el nuevo Seguro Provincial de Salud (SEPROSA).
Este nuevo servicio arancelado también tratado de manera exprés en la Comisión de Salud, genera controversia ante cuestionamientos de inconstitucionalidad, toda vez que en su articulado menciona el cobro de un arancel mensual a personas sin cobertura médica lo que ha sido calificado como un ataque al derecho a la salud pública gratuita.
El proyecto y sus implicancias
Aún con muchas dudas, probablemente a esclarecer durante su reglamentación, el SEPROSA requeriría de manera aparentemente obligatoria, el pago de un monto equivalente a cinco consultas médicas, según los valores del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) cuya población objetivo resultan personas sin cobertura médica, sea en forma prepaga u obra social, exceptuando residentes que no cubran el valor de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($543.142).
Dentro de ese universo aparecen trabajadores informales, cuentapropistas y taxistas por ejemplo, que aún teniendo ingresos por encima del límite establecido, no necesariamente tienen las cuentas holgadas o margen suficiente para hacer el supuesto aporte solidario.
Los fundamentos del proyecto se sostienen en que “por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, dejando en claro que hay una necesidad de autofinanciación. Luego agrega que el fin último es garantizar una cobertura sanitaria a las personas más necesitadas, aunque estos criterios fueron duramente criticados por la diputada provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Natalia Morales y el abogado constitucionalista, Vicente Casas.
Las críticas de Natalia Morales
La diputada Morales expresó su rechazo categórico al proyecto, asegurando que pone fin a la gratuidad de la salud pública y vulnera derechos sociales fundamentales. “Lo metieron por la ventana, ni siquiera fue tratado formalmente en la Comisión de Salud. Quieren imponerlo sin debate”, sostuvo. Según Morales, la cuota mensual podría oscilar entre $30.000 y $50.000 por persona, afectando gravemente a las familias de bajos ingresos.
La legisladora también denunció que el proyecto crea un sistema excluyente y burocrático: “Obliga a los pobres a presentar un carnet que acredite su miseria, mientras el resto de la población deberá pagar por un servicio que debería ser gratuito. Es un golpe al derecho universal a la salud, en beneficio del negocio privado”. También criticó el manejo discrecional de los fondos del ISJ, calificándolo como una caja política que ha sido vaciada para justificar esta medida.
La visión de Vicente Casas
El ex juez federal Vicente Casas coincidió en señalar que el proyecto es inconstitucional y refleja una “situación de ahogo fiscal” de la provincia. “Es un intento de tapar baches financieros con el bolsillo de quienes menos tienen. La salud, la educación y la seguridad deberían ser prioridades, pero aquí se opta por cargar a la población más vulnerable con un nuevo impuesto encubierto”, afirmó.
Ambos actores políticos coincidieron en que la medida se inserta en un contexto de creciente privatización de la salud en Jujuy. Morales denunció la reciente entrega de terrenos fiscales para la instalación de una clínica privada, mientras que Casas señaló que los recursos públicos se han gestionado de manera ineficiente.