Las causas alrededor del cuadro de estación en Tilcara lejos de resolverse se expanden cada vez más con la incorporación de nuevas denuncias cruzadas. El Estado provincial avanza sobre propiedades que hasta hace un par de años habían sido consideradas propiedad privada de familias relacionadas con el ex ferrocarril sin reparar en las consecuencias.
Abogada de los vecinos de Tilcara confirmó nuevas presentaciones en la Justicia Federal
Alejandra Cejas visitó Sobremesa (Canal 2), días después de conocerse que el presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU) figura como propietario de una serie de terrenos en disputa por el paso del Tren Eléctrico.
Como resultado, además de las familias desalojadas a principios de 2024, causa que ya avanza a través de la vía federal aunque le pese a algunos funcionarios de 1ra línea, otras 4 personas fueron imputadas bajo la figura N°184 del Código Penal argentino que refiere a daños. Según explica Alejandra Cejas, abogada representante de al menos tres de los involucrados “utilizada generalmente cuando se quiere imputar a los referentes sociales, una figura muy discutida porque es de interrupción o daño sobre bienes públicos”.
A consideración de la ex diputada provincial y su colega Silvana Llanes, la imputación es absurda toda vez que la justicia provincial no es competente, como han tratado de demostrar desde los primeros meses del año cuando recurrieron al fiscal federal, Carlos Colonnese, quien aceptaría la competencia para que consecuentemente la jueza Gregoraschuk acepte la medida cautelar de no innovar, que poco importaría ante la ambición oficial por llevar el tren a lo profundo de la Quebrada.
“Estamos discutiendo terrenos propiedad del Estado Nacional, pero la provincia persiste en la actitud y el método, imputar, atemorizar, perseguir, para avanzar haciendo obras y apropiándose de los bienes inmuebles. Hay una sed de tierra en toda la provincia de Jujuy, sacan familias para reubicar a gente vinculada al poder”, denunció Cejas durante su última visita a Sobremesa (Canal 2) antes de profundizar sobre la controversia conocida durante la audiencia del pasado 24 de septiembre.
“Nos dan acceso al legajo donde supuestamente la fiscalía pide informes de quienes son las propiedades que están siendo usurpadas, invadiendo la cuadrícula del barrio estación Tilcara… El problema es que el único nombre que saltó y reconoce Inmuebles es de Pablo Civetta, el director del Ente Autárquico de Planificación Urbana, responsable de todos los procesos que se han gestado en modificaciones de suelo, sobre todo en el ferrocarril, estando a cargo desde 2015 y ratificado en diciembre de 2023, fue responsable de llevar adelante todos los procesos de desalojo, responsable de instar las denuncias”.
Aún dudando de la veracidad de esos documentos, el hecho de que haya sido expedido por una institución gubernamental y posteriormente incorporado al expediente le brindan fe pública, no obstante libra sospechas y especulaciones sobre por qué Civetta figura como propietario de los terrenos en disputa.
El estripitus fori (escándalo jurídico) generado conmueve a los clientes de las abogadas, pero también al resto de vecinos de la jurisdicción, que aún teniendo comprobantes, facturas, recibos y otros documentos que demuestran su legítima posesión, temen hasta donde podrían avanzar los funcionarios en su afán por expandir el proyecto.
“Hoy ya sentaron todas las denuncias penales correspondientes a nivel federal porque van a tener que informar de dónde salió esa información, cuál era el objetivo de esa información si era generar miedo atemorizar fue un mensaje mafioso”.
“El principal aporte probatorio que tenemos nosotros para corroborar la compra de los inmuebles son los propios recibos de sueldo donde se debitaban las cuotas al momento de consolidar la traslación de dominio”.