Estela Guerrero, una de las damnificadas, explicó que la situación que atraviesan y aseguró que, en su caso, su familia realizó todos los trámites correspondientes que garantizan que el terreno les pertenece. “En el año 1994 cuando las tierras y las propiedades que eran del ex ferrocarril Belgrano dejaron de funcionar, nos contactamos con la gente del ferrocarril en Salta y se nos permitió ocupar una de las viviendas y desde entonces tomamos posesión del lugar” señaló.
Expresó su asombro por cuanto después de 30 años aparecen denuncias de supuestos propietarios que acusan a su familia de usurpación. “Para ellos no tiene validez la documentación que nosotros tenemos, pero a la vez nosotros no sabemos cómo es que ellos dicen ser los dueños de las tierras si nosotros estamos hace años viviendo ahí” advirtió con extrañeza.
Guerrero lamentó la situación que está atravesando junto a su familia, quienes fueron desalojados de su vivienda y hoy no tiene un hogar.
“Estamos en situación de calle porque no tenemos donde vivir. No nos dieron nada. Somos tres familias que estamos viviendo en una casa que nos han prestado. Hasta ahora, este año nos hemos mudado más de diez veces, acarreando todas nuestras cosas”.
Con esperanzas de que se revierta esta situación, Guerrero junto a otras familias damnificadas realizaron una ampliación de denuncia, por cuanto su deseo es “que se investigue, que se sepa lo que está pasando, y que esta impunidad que hay en el Gobierno no siga avanzando”.
Ampliación de la denuncia
En la mañana de este jueves, las familias Guerrero y Gutiérrez prestaron declaración en una instancia de ampliaron de denuncia ante la Justicia Federal, esta vez en contra de Pablo Civetta, el funcionario que dice ser propietario de los terrenos en cuestión.
Alejandra Cejas, quien representa legalmente a ambas familias, explicó que “este proceso que ya se inició en el mes de julio, ahora suma hechos nuevos, pruebas y denuncias penales”.
Respecto a los delitos por los que se acusa al funcionario, Cejas detalló que son varios, entre ellos “usurpación, turbación, daño, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, un catálogo de delitos que encontramos en esta situación que afecta a más de 10 familias; delitos complejos, múltiples que no cesan. Vamos a pelear hasta que se restituyan las tierras”.
Si bien confió en que se avance en este tema, aseguró que hay mucho temor por parte de las familias ya que “es tanto el nivel de impunidad que hay en la provincia, sumado a la falta de independencia de poderes más la corrupción galopante, hace que sea un combo que no sabemos dónde termina”.
